El texto fue aprobado por el pleno con 330 votos a favor, 298 en contra y 65 abstenciones.

Los eurodiputados denuncian los intentos en varios Estados miembros de debilitar la separación de poderes y la independencia de la judicatura y reiteran la urgente necesidad de dotar a la UE de un mecanismo de control y protección de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Destacan los ataques a la libertad de los medios de comunicación, su independencia y pluralismo, con especial atención al papel de los periodistas y los delatores.

También piden a los Estados miembros que no adopten leyes para limitar la libertad de reunión, y que pongan coto a las intervenciones desproporcionadas y violentas de las fuerzas del orden.

Protección para los más desfavorecidos

Los grupos vulnerables (como mujeres, personas con discapacidad, ancianos, niños, migrantes, gitanos, las comunidades nómadas y las personas LGBTI+) se han visto afectados de manera desproporcionada por los recortes del gasto público, señala el texto, que reclama políticas que tengan en cuenta los derechos humanos, económicos y sociales. Los eurodiputados destacan asimismo la importancia de una transición medioambiental justa, piden protección para los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda debido al precio y, muy especialmente, para los niños en situación de pobreza.

La Cámara condena la «ofensiva organizada» contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Los eurodiputados subrayan que las mujeres y niñas deben poder acceder a métodos anticonceptivos modernos y a la interrupción legal y segura del embarazo. Apuntan a la «alarmante tasa de feminicidios en la UE» y reclaman que se ponga fin a la práctica de segregar a las mujeres gitanas en las maternidades y que se ofrezcan compensaciones a las víctimas de esterilizaciones forzosas.

Los eurodiputados están muy preocupados por las denuncias de devoluciones sumarias de solicitantes de asilo en las fronteras europeas y a la vista de la situación humanitaria en los campos de refugiados en territorio europeo. La intimidación, las detenciones y los procedimientos penales contra organizaciones y particular por prestar asistencia humanitaria a migrantes deben desaparecer, agrega la resolución, que apuesta por establecer corredores humanitarios y programas de visados humanitarios.

Lucha contra el extremismo

El texto alerta de que la incitación al odio y diferentes expresiones de racismo se están normalizando, pero no sólo por parte de extremistas sino también por los dirigentes políticos en algunos Estados miembros. Los eurodiputados instan a prohibir de manera eficaz los grupos neofascistas y neonazis y de cualquier otra fundación o asociación que exalte y haga apología del nazismo y el fascismo. También condenan los ataques contra los cristianos.

Además, el Parlamento

• subraya el vínculo entre el crimen organizado, la corrupción y la libertad de expresión, los centros de detención, el acceso a derechos sociales y la trata;
• muestra inquietud por la reducción del espacio para la sociedad civil;
• subraya los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos para la manipulación del comportamiento, y
• denuncia las condiciones deficientes en las prisiones y pide estándares europeos comunes en línea con la legislación internacional.

En una resolución aprobada con 455 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones, la Cámara señala que la sentencia del 22 de octubre del Tribunal Constitucional de Polonia que declara inconstitucional el aborto en caso de defecto grave e irreversible «pone en peligro la salud y la vida de las mujeres», dado que la mayoría de los abortos legales en el país se efectúan bajo ese supuesto. Prohibir esa opción, que representó el 96% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia en 2019 (1.074 de 1.110), comportará un aumento de los «abortos ilegales, inseguros, clandestinos y potencialmente mortales», advierte el texto.

Los eurodiputados señalan que la sentencia fue adoptada por «por jueces elegidos por políticos de la coalición liderada por el PiS (Ley y Justicia), de quienes dependen totalmente.

Los derechos de las mujeres son derechos fundamentales

El Parlamento hace hincapié en que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las leyes restrictivas del aborto violan los derechos humanos de las mujeres. Los eurodiputados también advierten de que el acceso sin obstáculos a los servicios de salud reproductiva y el respeto de la autonomía de las mujeres son esenciales para proteger sus derechos humanos y la igualdad de género.

Los derechos de las mujeres son derechos fundamentales, recalca la Cámara, que recuerda que las instituciones de la UE y los Estados miembros tienen la obligación legal de respetarlos y protegerlos. La resolución lamenta el creciente recurso a la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios, incluso para evitar prescribir anticonceptivos o dar acceso a los controles prenatales. Denuncia también que miles de mujeres se ven obligadas cada año a viajar al extranjero para acceder a un servicio sanitario tan esencial como el aborto, lo que supone riesgos adicionales para su salud y bienestar.

Apoyo a las protestas, no a la violencia

Los eurodiputados expresan su apoyo y solidaridad con los ciudadanos polacos, en especial las mujeres y personas LGBTI+, que, a pesar de los riesgos para la salud, salieron a la calle para protestar contra las graves restricciones de sus libertades y derechos fundamentales. Destacan que la sentencia se anunció en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, con restricciones en vigor «que obstaculizan gravemente cualquier debate democrático adecuado».

La resolución condena la fuerza y la violencia excesivas y desproporcionadas contra los manifestantes, por parte de las fuerzas de seguridad, pero también otros, como grupos nacionalistas de extrema derecha.

Colapso del Estado de derecho; la UE debe actuar

Según el PE, la sentencia es «un ejemplo más de la apropiación del poder judicial por parte de la política y del colapso sistémico del Estado de derecho». Los eurodiputados piden a la Comisión que examine la composición ilegítima del Tribunal Constitucional que, a su juicio, es un motivo para impugnar sus sentencias y, por tanto, su capacidad para hacer cumplir la Constitución polaca. El Consejo, por su parte, debe tratar esta cuestión y otras presuntas violaciones de los derechos fundamentales en Polonia en el marco del procedimiento bajo el Artículo 7(1) del Tratado.

Las nuevas normas introducen un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembros que garantiza a los consumidores una buena protección frente a los daños masivos, pero también salvaguardias adecuadas para evitar acciones legales abusivas.

Todos los Estados miembros deben establecer al menos un mecanismo procesal efectivo que permita a las entidades habilitadas (como organizaciones de consumidores u organismos públicos) presentar demandas ante los tribunales para obtener medidas de requerimiento (cesación o prohibición) o de reparación (indemnización). La ley pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior poniendo fin a las prácticas ilegales y facilitando el acceso de los consumidores a la justicia.

Más derechos para los consumidores y protección para los comerciantes

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales.

Para poder interponer acciones transfronterizas ante los tribunales, las entidades habilitadas tendrán que cumplir los mismos criterios en toda la Unión Europea. Deberán ser capaces de demostrar una cierta estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de «quien pierde, paga», por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

Podrán entablarse acciones colectivas contra comerciantes que presuntamente hayan infringido la legislación de la Unión sobre la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones, entre otros ámbitos.

Por último, la Directiva también contempla las infracciones que hayan cesado antes de que se interponga o concluya la acción de representación, ya que podría seguir siendo necesario prohibir la práctica para evitar su repetición.

Declaración del ponente

El ponente Geoffroy Didier (PPE, Francia) señaló: «Hemos encontrado el equilibrio entre la protección de los consumidores y la seguridad jurídica que necesitan las empresas. En un momento en que la UE está siendo puesta a prueba, hemos demostrado que podemos ofrecer resultados y adaptarnos a la nueva realidad, protegiendo a los ciudadanos y ofreciéndoles derechos concretos en respuesta a la globalización y sus excesos».

Próximos pasos

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A continuación, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. Las nuevas normas se aplicarán a las acciones de representación interpuestas a partir de la fecha de aplicación de la norma.

Antecedentes

La Directiva relativa a las acciones de representación, presentada en abril de 2018 por la Comisión Europea, fue acordada por los negociadores del PE y los ministros de la UE en junio de 2020. El proyecto de ley, que forma parte del nuevo acuerdo para los consumidores, responde a varios escándalos recientes relacionados con violaciones de los derechos de los consumidores por parte de empresas multinacionales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden iniciar acciones colectivas ante los tribunales, pero a partir de ahora será posible en todos los países de la Unión.

El Parlamento aprobó el viernes, por 615 votos a favor, 34 en contra y 39 abstenciones, su posición sobre la propuesta de la Comisión de elevar el perfil de la Unión Europea en el sector de la salud a través del Programa «La UE por la Salud».

Para los eurodiputados, la COVID-19 ha evidenciado la urgente necesidad de un ambicioso programa comunitario para garantizar que los sistemas sanitarios europeos puedan hacer frente a futuras amenazas en el ámbito de la salud, y que la UE siga siendo la región con mejor salud del planeta. Esto no habría sido posible con un presupuesto de 1 700 millones de euros, como proponían los Estados miembros. El reciente compromiso sobre el presupuesto de la UE a largo plazo los negociadores del Parlamento lograron triplicar el presupuesto para el programa, hasta 5 100 millones.

Amenazas transfronterizas para la salud

El objetivo del programa «La UE por la Salud» es preparar mejor a la Unión ante amenazas transfronterizas graves para la salud, y aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios. No se trata de preparar a la UE solo para futuras epidemias, sino también para desafíos a largo plazo, como el envejecimiento de la población o las desigualdades en materia de salud.

Los eurodiputados también quieren reforzar la cooperación dentro de la UE ante posibles nuevas crisis sanitarias, y para ello respaldan la creación de un mecanismo europeo de respuesta sanitaria. Abogan también por la creación de un portal de comunicación al público desde el que compartir información contrastada, enviar alertas y luchar contra la desinformación. Por último, deben reforzarse los mandatos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Medicamentos y equipos sanitarios disponibles (y asequibles) en todos los Estados miembros

La crisis de la COVID-19 ha dejado al descubierto los numerosos puntos débiles de los sistemas sanitarios nacionales: por ejemplo, su dependencia de terceros países para el abastecimiento de medicamentos, productos sanitarios o equipos de protección individual. El programa deberá ayudar al desarrollo de un sistema europeo de seguimiento, información y notificación que alerte en caso de escasez de medicamentos, equipos médicos, vacunas, herramientas de diagnóstico u otros productos sanitarios. Este sistema evitaría la fragmentación del mercado único y garantizaría un mejor abastecimiento —y un mejor precio— de estos productos. Además, ayudaría a reducir la dependencia de países de fuera de la Unión.

Para alcanzar los objetivos del programa, el informe también propone centrarse más en la prevención de enfermedades (tratando riesgos para la salud como el alcoholismo o el tabaquismo), reforzar la solidez de los sistemas sanitarios y apostar por la digitalización de la atención sanitaria mediante la creación e implantación del historial médico electrónico europeo. Los eurodiputados también desean avanzar hacia la cobertura universal, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva, y reforzar la lucha contra el cáncer en la Unión en sinergia con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

El Parlamento propone por último la creación de un Grupo Director compuesto por expertos en salud pública independientes para garantizar una aplicación eficaz del programa.

Declaración del ponente

Tras la votación, el ponente del texto, Cristian-Silviu Buşoi (PPE, Rumanía), declaraba lo siguiente: «La crisis de la COVID-19 ha mostrado la necesidad de contar con unos instrumentos sanitarios bien definidos y correctamente financiados. También necesitamos impulsar la innovación e invertir más en salud en general. El aumento de la dotación del programa «La UE por la Salud» de 1700 a 5 100 millones será fundamental para poder hacer frente a futuras pandemias y amenazas para la salud, y para conseguir unos sistemas de salud más resilientes».

Próximos pasos

El Parlamento está listo para iniciar negociaciones con los Estados miembros, de modo que el programa pueda aplicarse desde principios de 2021.

Antecedentes

El 28 de mayo de 2020, la Comisión presentó un programa independiente, «La UE por la Salud», para 2021-2027, dentro del Plan de Recuperación. Este programa estaba anteriormente incluido en el primer presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2021-2027, como un elemento del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).