Directrices

Ayudas estatales: La Comisión invita a las partes interesadas a presentar observaciones sobre el proyecto de propuesta de Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente

Comisión Europea | 07.06.21

La Comisión Europea ha iniciado hoy una consulta pública específica en la que se invita a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre la propuesta de revisión de las Directrices de la UE sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. Para tener en cuenta la creciente importancia de la protección del clima, las directrices revisadas se denominarán Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente. Las Directrices propuestas también comprenden normas de compatibilidad en ámbitos emblemáticos como las infraestructuras de movilidad limpia y la biodiversidad, sin olvidar la eficiencia en el uso de los recursos en apoyo de la transición hacia una economía circular. Las partes interesadas podrán responder a la consulta durante ocho semanas, hasta el 2 de agosto de 2021.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Para sostener la transición ecológica, Europa necesitará una cantidad considerable de inversiones sostenibles. Aunque una gran parte procederá del sector privado, las ayudas públicas contribuirán a garantizar que la transición ecológica se produzca con rapidez. Por eso queremos asegurarnos de que nuestras normas sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente estén listas para la transición ecológica. Las normas revisadas facilitarán a los Estados miembros alcanzar los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo, manteniendo en un mínimo las posibles distorsiones de la competencia. Ahora invitamos a todas las partes interesadas a dar a conocer su opinión».

Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de energía y medio ambiente permiten a los Estados miembros apoyar proyectos de protección del medio ambiente (por ejemplo, protección del clima y generación de energía verde) y medidas para garantizar la adecuación de la generación de energía, bajo determinadas condiciones. Las Directrices tienen como finalidad ayudar a los Estados miembros a alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE en materia de energía y clima con el mínimo coste posible para el contribuyente y sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

La Comisión ha efectuado una evaluación de las actuales Directivas en el marco del control de adecuación de las ayudas estatales. La evaluación pone de manifiesto que las actuales disposiciones de las Directrices funcionan correctamente, se ajustan en general a su propósito y constituyen una herramienta eficaz a la hora de apoyar la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la UE, limitando al mismo tiempo las distorsiones indebidas en el mercado único.

Al mismo tiempo, la evaluación indica que podrían ser necesarios algunos ajustes específicos, tales como la simplificación y actualización de determinadas disposiciones y la ampliación del ámbito de aplicación de las Directrices a nuevos temas, por ejemplo, la movilidad limpia y la descarbonización. Además, la evaluación señala que las normas actuales pueden tener que ajustarse a las prioridades estratégicas de la Comisión, especialmente las del Pacto Verde Europeo, y a otros cambios normativos recientes en los ámbitos de la energía y el medio ambiente.

A este respecto, la Comisión propone varias modificaciones de las normas actuales, sobre todo para lo siguiente:

  • Ampliar el ámbito de aplicación de las Directrices para permitir el apoyo en nuevos ámbitos (por ejemplo, movilidad limpia, eficiencia energética de los edificios, circularidad y biodiversidad) y a todas las tecnologías que puedan cumplir el Pacto Verde, incluido el apoyo a las energías renovables. Las normas revisadas permitirían en general importes de ayuda que cubran hasta el 100 % del déficit de financiación e introducirían nuevos instrumentos de ayuda, tales como los contratos por diferencia para el carbono.
  • Aumentar la flexibilidad y racionalizar las normas vigentes, mediante la introducción de una evaluación simplificada de las medidas transversales en una sola sección de las Directrices y la eliminación del requisito de notificación individual de grandes proyectos ecológicos dentro de los regímenes de ayuda previamente aprobados por la Comisión.
  • Introducir salvaguardias para velar por que la ayuda se destine efectivamente allí donde sea necesaria para mejorar la protección del medio ambiente y el clima, se limite a lo necesario para alcanzar los objetivos medioambientales y no falsee la competencia ni la integridad del mercado interior. Por ejemplo, en algunas circunstancias, los Estados miembros que establezcan un sistema de ayudas tendrán que consultar a las partes interesadas sobre sus principales características.
  • Armonizar y garantizar la coherencia con la legislación y las políticas pertinentes de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la energía, entre otras cosas, eliminando gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles, sobre todo a los más contaminantes y a aquellos cuya evaluación positiva por la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas estatales resultaría poco probable debido a sus graves efectos negativos en el medio ambiente. Las medidas que entrañen nuevas inversiones en gas natural estarán cubiertas por las Directrices únicamente en la medida en que se demuestre que las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la Unión para 2030 y 2050.

El proyecto de Directrices y toda la información sobre la consulta pública, incluidos más datos sobre los cambios propuestos, se pueden consultar en línea.

Próximas medidas

Además de la consulta de las partes interesadas que se inicia hoy, el borrador de Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente también se debatirá en una reunión entre la Comisión y los Estados miembros que se celebrará hacia el final del período de consulta. Este proceso garantizará que los Estados miembros y las partes interesadas tengan oportunidades suficientes de presentar observaciones al proyecto de propuesta de la Comisión.

La adopción de las nuevas Directrices está prevista para finales de 2021.

Contexto

Las actuales Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía establecen las condiciones en las que las ayudas estatales en esa materia pueden considerarse compatibles con el mercado interior. En particular, las Directrices promueven una transición gradual hacia un apoyo a las energías renovables basado en el mercado e introducen ayudas a la infraestructura energética y a la capacidad de generación para reforzar el mercado interior y garantizar la seguridad del suministro. Además, establecen criterios sobre la manera en que los Estados miembros pueden eximir a las empresas de elevado consumo energético de las tasas cobradas para prestar apoyo a las energías renovables.

Las disposiciones de las Directrices se completan con el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que fija una serie de condiciones de compatibilidad ex ante sobre cuya base los Estados miembros pueden aplicar medidas de ayuda estatal sin notificarlas previamente a la Comisión. El RGEC está siendo objeto actualmente de una revisión parcial y se prevé que en el verano de 2021 se lleve a cabo una consulta pública sobre la propuesta de tales disposiciones revisadas.

La revisión de las Directrices se basa en la evaluación y en diversas fuentes de datos y pruebas, tales como práctica casuística, un estudio externo y aportaciones de las partes interesadas. La Comisión ha recabado opiniones a través de una consulta pública abierta llevada a cabo en 2020. En otoño de 2020, la Comisión también puso en marcha un debate europeo sobre la manera en que la política de competencia puede seguir apoyando los objetivos del Pacto Verde Europeo, con vistas a velar por que las normas en materia de competencia y las políticas de sostenibilidad coadyuven de la mejor manera posible. El proceso comenzó con una convocatoria de contribuciones, tras la cual se celebró una conferencia organizada por la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager en febrero de 2021. Las más de doscientas contribuciones recibidas también se han aprovechado de cara al proyecto de revisión de las Directrices.

Esto se complementará con las observaciones recibidas a través de esta consulta pública.

 

La Comisión presenta unas directrices para reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación

Comisión Europea | 26.05.2021

La Comisión publica hoy sus directrices sobre cómo se debería reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación, que es el primero de este tipo en todo el mundo, con vistas a aumentar su efectividad en la lucha contra la desinformación.

En esas directrices se exponen las previsiones de la Comisión, se llama a un compromiso más firme por parte de los signatarios y se prevé una mayor participación en el Código. Tomando como base un marco de seguimiento sólido y unos indicadores de rendimiento claros, los signatarios han de reducir los incentivos económicos para la desinformación, capacitar a los usuarios para que realicen una labor activa en la lucha contra la difusión de la desinformación, mejorar la cooperación con los verificadores de datos de todos los Estados miembros e idiomas de la UE y ofrecer a los investigadores un marco de acceso a los datos.

Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia, ha declarado: «Las amenazas que plantea la desinformación en línea están evolucionando rápidamente y tenemos que intensificar nuestras medidas colectivas para capacitar a los ciudadanos y proteger el espacio informativo democrático. Necesitamos un Código nuevo y reforzado porque es preciso que las plataformas en línea y otros participantes aborden los riesgos sistémicos de sus servicios y su expansión algorítmica, dejen de vigilarse por su propia cuenta y cesen de permitir que la desinformación genere ingresos, a la vez que garantizan íntegramente la libertad de expresión».

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha declarado: «Tenemos que frenar la infodemia y la difusión de información falsa que pone en peligro la vida de la gente. La desinformación no puede continuar siendo una fuente de ingresos. Necesitamos ver compromisos más firmes por parte de las plataformas en línea, el ecosistema publicitario en su totalidad y las redes de verificadores de datos. La Ley de Servicios Digitales nos dotará de herramientas adicionales de gran potencia para luchar contra la desinformación».

Un Código sólido, estable y flexible para apoyar la lucha contra la desinformación

Las directrices instan a reforzar el Código a través de la mejora de los siguientes ámbitos:

  • Una mayor participación con compromisos adaptados. La Comisión fomenta la adhesión al Código de las plataformas establecidas y emergentes que se encuentran activas en la UE, de las partes interesadas pertinentes en el ecosistema de publicidad en línea (como los intercambios de publicidad, los proveedores de tecnología publicitaria, las marcas que se benefician de la publicidad), de los servicios de mensajería privada y de las partes interesadas que pueden contribuir con recursos o conocimientos técnicos al funcionamiento efectivo del Código. El Código reforzado debe incluir nuevos compromisos adaptados que correspondan al tamaño y a la naturaleza de los servicios prestados por los signatarios.
  • Desmonetizar la desinformación. Las plataformas y los agentes del ecosistema de publicidad en línea han de responsabilizarse y colaborar mejor para acabar con la financiación de la desinformación, especialmente intercambiando información sobre publicidad desinformativa rechazada por uno de los firmantes, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en lo relativo a la colocación de anuncios e impidiendo la participación de agentes que publican sistemáticamente contenido desmentido.
  • Garantizar la integridad de los servicios. El Código reforzado debe ofrecer una amplia cobertura de los comportamientos manipuladores existentes y emergentes a los que se recurre para difundir desinformación (como bots, cuentas falsas, campañas de manipulación organizadas o robos de cuentas), además de incluir compromisos adaptados para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las medidas adoptadas para reducir sus efectos.
  • Capacitar a los usuarios para comprender y denunciar la desinformación. Los usuarios necesitan tener acceso a herramientas que les permitan entender mejor el entorno de línea y navegar en él de forma segura. Los signatarios tienen que hacer que sus sistemas de recomendación, esto es, cómo perciben los usuarios el contenido, sean transparentes, y tomar medidas para reducir los riesgos que estos generan, como la difusión viral de desinformación. También deben dotar a sus usuarios de herramientas y procedimientos accesibles y efectivos para denunciar la desinformación susceptible de ocasionar daños públicos o personales. Aquellos usuarios cuyo contenido o cuyas cuentas se vean afectados por medidas adoptadas en respuesta a estas denuncias han de tener acceso a un mecanismo adecuado y transparente que les permita recurrir y obtener reparación. El Código reforzado también debe mejorar la visibilidad de la información fiable de interés general y alertar a los usuarios que hayan interactuado con contenido detectado como falso por los verificadores de datos.
  • Incrementar la cobertura de la verificación de datos y el acceso a datos proporcionado a los investigadores. El nuevo Código debe contemplar una mejor cooperación con los verificadores de datos y aumentar su cobertura entre los países e idiomas de la UE. El Código reforzado también ha de incluir un marco sólido de acceso a los datos para los investigadores.
  • Un marco de seguimiento sólido. El Código reforzado debe incluir un marco mejorado de seguimiento basado en indicadores de rendimiento clave que midan los resultados y las consecuencias de las medidas adoptadas por las plataformas, así como el efecto global en la UE del Código relativo a la desinformación. Las plataformas deben presentar a la Comisión informes periódicos sobre las medidas adoptadas y los indicadores de rendimiento clave pertinentes. Las plataformas deben presentar la información y los datos con formatos normalizados y desglosar la información por Estados miembros.

Por último, los signatarios deben crear un Centro de Transparencia en el que indiquen las políticas que han adoptado para poner en marcha los compromisos del Código, su modo de aplicación y todos los datos y parámetros pertinentes con respecto a los indicadores de rendimiento clave. Las directrices también proponen que se establezca un grupo de trabajo permanente presidido por la Comisión. Ese grupo estaría compuesto por los signatarios y por representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior, del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual y del Observatorio Europeo de Medios Digitales. Este último recibió más de 11 millones de euros para crear 8 centros regionales de ayuda a la realización y la expansión de su labor en los Estados miembros. Este grupo de trabajo, que también contará con la ayuda de expertos, contribuirá a evaluar y adaptar el Código en vista de los cambios tecnológicos, sociales, legislativos y del mercado.

Próximas etapas

La Comisión pedirá a los signatarios del Código de buenas prácticas que se reúnan y refuercen el Código con arreglo a las directrices. Asimismo, anima a que nuevos signatarios se unan al Código. Para ello, la Comisión se pondrá en contacto con posibles nuevos signatarios y partes interesadas. Los signatarios deben proceder rápidamente a la revisión del Código y proporcionar un primer proyecto de Código revisado en otoño. Conforme a lo anunciado, la Comisión también propondrá este año una legislación para incrementar la transparencia de la publicidad política. Las directrices también abogan por unos compromisos más firmes en este ámbito con vistas a preparar el terreno para el próximo marco legislativo reforzado y concebir soluciones impulsadas por la industria que lo respalden.

Contexto

El Código de Buenas Prácticas se estableció en octubre de 2018. Tal como se anunció en el Plan de Acción para la Democracia Europea, las directrices abordan las deficiencias detectadas en la Evaluación del Código realizada por la Comisión en 2020 y se basa en el aprendizaje extraído del programa de vigilancia de la desinformación relativa a la COVID-19. La propuesta de la Comisión para la Ley de Servicios Digitales establece un mecanismo de protección de la corregulación para las medidas incluidas en el Código revisado y reforzado.

La crisis del coronavirus ha sido un claro ejemplo de las amenazas y retos que la desinformación plantea en nuestras sociedades. La «infodemia» ha entrañado riesgos significativos para los sistemas sanitarios personales y públicos, la gestión de crisis, la economía y la sociedad. Ha puesto de manifiesto que, a pesar de la ingente labor realizada hasta ahora, existe una necesidad acuciante de intensificar los esfuerzos en la lucha contra la desinformación.

El planteamiento de la UE para combatir la desinformación está firmemente arraigado en la protección de la libertad de expresión y el mantenimiento de un debate democrático abierto. Su objetivo es generar una transparencia y una rendición de cuentas mayores en el entorno en línea y capacitar a los ciudadanos. Va ligado a los demás objetivos del Plan de Acción para la Democracia Europea, es decir, la promoción de elecciones libres y justas y la protección de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. La UE ha movilizado al sector industrial, los medios de comunicación, las universidades y las autoridades públicas y fomenta una mayor participación en el Código.

Más información

Preguntas y Respuestas

Página de información

Directrices de la Comisión para reforzar el Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación

Proyectos del Observatorio Europeo de Medios Digitales seleccionados para financiación

Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación

Evaluación de la Comisión del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación

 

 

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