Si bien su salud parece estar en un riesgo menor a corto plazo, los jóvenes son sin duda uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria y económica, expuestos a la incertidumbre de un nuevo orden que apenas empieza a perfilarse. España se lleva lo peor en este sentido, y lo lleva haciendo desde antes del Covid19. Cada mes, Eurostat publica la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) para cada Estado Miembro de la UE. A falta de nuevos datos inminentes, en agosto de 2020 España lideraba tristemente el ranking: 43,9% de desempleo, por encima de Grecia (39,3%) y disparada respecto a la media europea del 17,6%.
Una situación que podría cronificarse aún más con la crisis del Coronavirus. Esa misma media europea también se resentía de la ola vírica: el paro juvenil aumentó un 2,7% desde que comenzó la pandemia. El Parlamento Europeo instaba hace algunas semanas a que las ayudas de la Garantía Juvenil fuesen vinculantes, además de garantizar medidas contra la discriminación de colectivos vulnerables y acabar con las prácticas en empresas no remuneradas. Queda patente, en cualquier caso, que el empleo juvenil es un reto acuciante para Europa y en particular para España.
La pandemia nos está cambiando la vida, pero también nos deja formas nuevas y extrañas de leer el mundo de siempre. Según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para el tercer trimestre de 2020, la ocupación laboral en España subió en 569.000 personas. Un dato que viene con un gran asterisco: en ese medio millón de personas se incluyen aquellas empresas acogidas a ERTES. No trabajan, pero de acuerdo con la metodología de Eurostat y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se consideran ocupadas, sumidas en una pausa a la espera de la ansiada recuperación económica. En agosto, España registró un 16,2% de paro, el doble que registró la eurozona ese mismo mes (8,2%).
Con una parte importante de los fondos europeos de recuperación asegurados, tan vital es su obtención como decidir en qué invertir, qué oportunidades aprovechar. España tiene ante sí uno de los debates existenciales más importantes en décadas, el de elegir el sentido de su reinicio. Una cuestión que aún no se ha instalado plenamente en la esfera pública, y que es crucial para el éxito de la reconstrucción.
Digitalización y Pacto Verde, prioridades en el plan de reconstrucción
La Comisión Europea lo tiene claro: medioambiente y digitalización deben ser prioritarios. Pero más allá de estas premisas, la casuística española resulta imposible de ignorar, y a nadie se le escapa de que buena parte de la reconstrucción deberá pasar por fomentar el empleo activo. En cualquier caso, el debate debe ser amplio e inclusivo, para contar con el mayor consenso social posible y lograr, como decía la presidenta, que sirvan para asegurar el futuro de las generaciones venideras, en lugar de hacerles un flaco favor volviendo al orden anterior.
Precisamente para discutir la evolución de la pandemia y la distribución de los fondos europeos la Conferencia de presidentes autonómicos contaba la semana pasada con una invitada de excepción: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que trasladó a las comunidades que Europa “está con España”, y que nuestro país estaría con seguridad entre los más beneficiados por los fondos. También subrayó la necesidad de invertir pensando en las próximas generaciones, con la vista puesta en el Pacto Verde y la digitalización.
El reciente Barómetro de las Regiones y Municipios de la UE apuntaba también a este último frente, con una brecha digital agravada por la crisis. La EPA permite también ver cómo el teletrabajo se impone, incluso en una economía tan de servicio como la española. Sin embargo, la tendencia parece haberse frenado: el 10,30% de los ocupados (1.975.100) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 16,20% observado en el segundo trimestre.
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