Parlamento Europeo / 21.12.2020
De las 43 leyes aprobadas por las Cortes Generales, 7 leyes transponen directivas europeas en el ordenamiento jurídico español y otras 21 contienen referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias. Las leyes regulan, mayoritariamente, áreas que han sufrido el impacto de la pandemia del COVID-19.
Durante 2020, primer año de la XIV legislatura española, el Congreso de los Diputados ha aprobado, entre enero y diciembre, un total de 43 leyes. De ellas, un total de 28 normativas regulan aspectos que respetan la línea marcada por las instituciones de la Unión Europea. Es decir, el 65% de las leyes aprobadas (entre ellas Leyes Orgánicas, Leyes ordinarias y Reales Decretos – Leyes) derivan de una forma u otra de las decisiones adoptadas en Bruselas.
De esas 28 normativas, 7 de ellas responden al mandato de transposición al ordenamiento jurídico interno de España de directivas aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Se trata, concretamente, de directivas relacionadas con la:
– Regulación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
– Contratación de entidades en el sector del agua, energía, transportes y servicios postales
– Adjudicación de contratos de concesión
– Distribución de seguros
– Supervisión de fondos de pensiones y empleo
– Armonización del impuesto del IVA
– Armonización del marco de resolución de litigios fiscales en la UE
– Regulación de normas comunes para el mercado interior de la electricidad
– El fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
– Eficiencia energética
– Aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca
– Regulación de normas comunes para el mercado interior de gas natural
– Utilización de datos de pasajeros para la prevención de delitos de terrorismo
El resto de normativas aprobadas (21 normas restantes) derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas emanadas del Consejo, Comisión o Parlamento Europeo o de otras instituciones comunitarias. Es decir, respetan la línea de actuación recomendada desde las instituciones de la UE, inspirándose en la misma.
Estas iniciativas legislativas regulan aspectos mayoritariamente relacionados con las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19 -medidas para la reactivación económica, social, cultural, transportes, vivienda y teletrabajo- pero también con áreas diversas, desde el despido objetivo por faltas de asistencia, a la agricultura y alimentación, el ingreso mínimo vital, la Ley Concursal, los servicios digitales o las transacciones financieras.
De esas 28 leyes relacionadas directamente con las directrices europeas, 22 se han aprobado mediante la fórmula del Real Decreto-ley, 5 de ellas son leyes nacionales y 1 es Ley Orgánica.
En opinión de Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, “estas cifras son la demostración palpable de que la política europea y la nacional está íntimamente interrelacionadas, y antes o después todo lo que se decide en Bruselas tiene consecuencias prácticas en la vida diaria de los españoles. El trabajo de los Parlamentos nacionales o muchas de las decisiones que toman los diferentes gobiernos no se entienden ya sin el que realizan el Parlamento europeo y las demás instituciones comunitarias. Esta tendencia se ha acrecentado con la crisis provocada por la pandemia, dado que la mayor parte de las medidas para hacer frente a sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales se han originado en Bruselas”.
