Acuerdo para mejorar la calidad del agua del grifo y reducir la basura plástica

Parlamento Europeo | 15.12.2020

La Directiva sobre el agua potable aprobada por el Parlamento facilitará el acceso a un agua corriente de calidad para todos, también para los grupos vulnerables.

Hoy martes, el Parlamento ha dado su visto bueno a un acuerdo con los Estados miembros en relación con la nueva Directiva sobre el agua potable.

La nueva normativa pretende que toda la Unión pueda disponer de un agua corriente de calidad. Es lo que habían pedido los más de 1,8 millones de firmantes de la primera iniciativa ciudadana europea que ha salido adelante, Right2Water: que todos los europeos puedan acceder al agua potable en condiciones de seguridad.

Para ello, los Estados miembros tendrán que garantizar el suministro gratuito de agua en los edificios públicos, y animarán a los restaurantes, comedores y servicios de restauración a ofrecer agua a sus clientes, gratuita o por una pequeña tasa de servicio. También deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso al agua a los grupos vulnerables (como los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar o culturas minoritarias como los gitanos o los travellers irlandeses).


Control y mejora de la calidad del agua del grifo

Para que las personas puedan —y quieran— beber agua del grifo y no embotellada, se mejorará la calidad mediante la imposición de unos límites más estrictos para algunos contaminantes como el plomo.

A principios de 2022, la Comisión elaborará y supervisará una lista de aquellas sustancias o compuestos que susciten preocupación sanitaria entre la opinión pública o la comunidad científica. Figurarán en esta lista productos farmacéuticos, alteradores endocrinos y microplásticos.

La Comisión también establecerá unas listas europeas de sustancias autorizadas a estar en contacto con el agua potable.

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas para aplicar las nuevas normas se basen en el principio de precaución, y en ningún caso provoquen un deterioro de la calidad actual del agua potable.

Situación en España

España figura como el décimo país en consumo medio de agua corriente (incluye el consumo habitual de los hogares), con una estimación de 130 litros por persona al día, superando en 10 litros la media de la UE, aunque muy lejos de los 243 litros al día que consumen los italianos o los 191 litros al día de los búlgaros, según datos de la Comisión Europea de 2014 y 2015.

Sin embargo, España se sitúa a la cabeza de los países con mayor número de metros cúbicos de agua corriente extraídos para el suministro público, con unos 105 m3 por habitante (datos de 2016), y solo por detrás de Grecia (156 m3), Italia (155 m3), Irlanda (133 m3), Bulgaria (122 m3) y Croacia (111 m3), muy lejos de países como Malta, que apenas llega a los 30 m3 o Estonia donde se superan ligeramente los 44 m3.

Según la Comisión Europea, un menor consumo de agua embotellada podría ahorrar a los hogares de la UE más de 600 millones de euros al año. Una mayor confianza en el agua del grifo traerá consigo un menor consumo de agua embotellada, y con él una reducción de la cantidad de residuos plásticos y de la basura marina. Las botellas son uno de los plásticos de un solo uso que con más frecuencia se encuentran en las playas europeas.


Declaración del ponente

«Veinte años después de la entrada en vigor de la primera Directiva sobre el agua potable, ha llegado el momento de actualizarla y de aplicar unos umbrales más estrictos a algunos contaminantes, como el plomo. Para el Parlamento Europeo, era de suma importancia que la nueva Directiva hiciera el agua potable aún más segura, y tuviera en cuenta los contaminantes emergentes. Por ello aplaudo las disposiciones de la Directiva relativas a los microplásticos y a alteradores endocrinos como el bisfenol A», celebra el ponente del texto, Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo).


Próximos pasos

La Directiva entrará en vigor a los doce días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán dos años a partir de su aprobación para hacer los cambios necesarios en su legislación.

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