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Nuevas normas para luchar contra el fraude en los pagos transfronterizos

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Nuevas normas para luchar contra el fraude en los pagos transfronterizos en la UE en vigor desde el 1 de enero

El 1 de enero entraron en vigor nuevas normas de transparencia que ayudarán a los Estados miembros de la UE a luchar contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Las nuevas normas proporcionarán a la administración tributaria de los Estados miembros de la UE información sobre pagos que les permitirá detectar más fácilmente el fraude del IVA, con especial hincapié en el comercio electrónico, que es especialmente propenso al incumplimiento y al fraude del IVA. Esto, a su vez, crea agujeros en los ingresos fiscales que sufragan servicios públicos vitales.

 

Por ejemplo, algunos vendedores en línea sin presencia física en un Estado miembro de la UE venden bienes y servicios a consumidores de la UE sin registrarse a efectos del IVA en ningún lugar de la Unión, o declaran un valor inferior al valor real de sus ventas en línea. Por lo tanto, los Estados miembros necesitan instrumentos reforzados para detectar y poner fin a este comportamiento ilícito.

 

En detalle

 

El nuevo sistema aprovecha el papel clave que desempeñan proveedores de servicios de pago como bancos, entidades de dinero electrónico, entidades de pago y servicios de giro postal, que conjuntamente facilitan más del 90 % de las compras en línea en la UE.

 

Desde el 1 de enero, esos proveedores de servicios de pago tendrán que hacer un seguimiento de los beneficiarios de pagos transfronterizos y, a partir del 1 de abril, transmitir información a las administraciones de los Estados miembros de la UE sobre quienes reciban más de 25 pagos transfronterizos al trimestre. Esta información se centralizará a continuación en una nueva base de datos europea creada por la Comisión Europea, que se llama sistema electrónico central de información sobre pagos y en la que se almacenará, agregará y cotejará con otros datos.

 

Toda la información del sistema electrónico central de información sobre pagos se ofrecerá entonces a los Estados miembros a través de Eurofisc, la red de especialistas en lucha contra el fraude del IVA de la UE puesta en marcha en 2010. Esto facilitará mucho a los Estados miembros el análisis de datos y la identificación de los vendedores en línea que no cumplan las obligaciones en materia de IVA, incluso en el caso de empresas que no estén situadas en la UE.

 

Los funcionarios de enlace de Eurofisc también están facultados para adoptar las medidas adecuadas a escala nacional, tales como la tramitación de solicitudes de información, inspecciones o la baja en el registro de los números de IVA. Disposiciones similares ya existen en algunos Estados miembros y en otros países y han tenido un efecto tangible en la lucha contra el fraude en el sector del comercio electrónico.

 

Más información: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en

 

Cita(s)

 

Estas nuevas normas desempeñarán un papel crucial en la lucha contra el fraude del IVA, que cuesta a los gobiernos de la UE miles de millones de ingresos perdidos cada año. Al aprovechar la información recopilada por proveedores de servicios de pago como bancos y empresas de tarjetas de crédito, los especialistas en lucha contra el fraude en los Estados miembros podrán detectar y luchar contra los comportamientos fraudulentos en el sector del comercio electrónico con mayor facilidad y precisión.

Empieza una nueva era del impuesto de sociedades en la UE

NOTICIAS

Empieza una nueva era del impuesto de sociedades en la UE

El 1 de enero de 2024 entraron en vigor nuevas y pioneras normas de la UE por las que se introduce un tipo mínimo de imposición efectiva del 15 % para las empresas multinacionales con actividades en los Estados miembros de la UE.

Esta normativa aportará mayor equidad y estabilidad al panorama tributario de la UE y a escala mundial, al tiempo que hará que la fiscalidad sea más moderna y esté mejor adaptada al mundo globalizado y digital de nuestros días. La entrada en vigor de las normas mínimas en materia de imposición efectiva, acordadas por unanimidad por los Estados miembros en 2022, formaliza la aplicación por parte de la UE de las normas del denominado «Segundo Pilar» aprobadas como parte del acuerdo mundial sobre la reforma fiscal internacional en 2021.

Aunque casi 140 países y territorios de todo el mundo se han adherido a estas normas, la UE ha sido pionera en su traducción en Derecho imperativo. Al reducir los incentivos para que las empresas trasladen beneficios a territorios con bajos impuestos, el Segundo Pilar limita la llamada «competición a la baja», esto es, la batalla entre países para reducir sus tipos del impuesto sobre sociedades a fin de atraer inversiones. Las medidas ya están arrojando resultados, ya que varios territorios sin impuestos han anunciado la introducción de un impuesto sobre sociedades a las empresas que entren en el ámbito de aplicación.

En detalle

Las normas se aplicarán a los grupos multinacionales de empresas y a los grupos nacionales de gran magnitud en la UE, con unos ingresos financieros combinados superiores a 750 millones de euros al año. Se aplicarán a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE.

La Directiva incluye un conjunto común de normas sobre la manera de calcular y recaudar un «impuesto complementario» adeudado en un país concreto, en caso de que el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15 %. Si una filial no está sujeta al tipo mínimo efectivo en un país extranjero en el que esté situada, el Estado miembro de la sociedad matriz también aplicará un impuesto complementario a esta última. Además, la Directiva garantiza la imposición efectiva en situaciones en las que la sociedad matriz está situada fuera de la UE, en un país con bajos niveles impositivos que no aplique normas equivalentes.

Antecedentes

Gracias a esta legislación histórica, el compromiso de la UE de ser uno de los primeros territorios en aplicar la reforma fiscal de la OCDE ha llegado a buen término. Garantizar un nivel mínimo mundial de imposición del impuesto mínimo sobre sociedades es una de las dos líneas de trabajo del acuerdo mundial de la OCDE (Segundo Pilar). La otra es la reasignación parcial de los derechos de imposición (Primer Pilar).

Esto último significa que se adaptarán las normas internacionales sobre la manera en que se reparte entre los países la imposición de los beneficios empresariales de las multinacionales más grandes y rentables, a fin de reflejar la naturaleza cambiante de los modelos de negocio y la capacidad de las empresas para hacer negocios sin presencia física.

Cita(s)

Este nuevo año marca un nuevo punto de partida de la fiscalidad de las grandes multinacionales. La entrada en vigor en Europa y en territorios de todo el mundo de esta histórica reforma constituye un paso importante hacia un sistema de imposición de las empresas más equitativo. Al reducir los incentivos para que las empresas trasladen beneficios a territorios con bajos impuestos, las nuevas normas contribuirán a frenar la llamada «competición a la baja» de los tipos del impuesto de sociedades en la UE y a escala mundial. Animo a todos los signatarios del acuerdo fiscal mundial a que avancen en las conversaciones y a que también adopten con rapidez esta reforma fundamental, que puede generar 220 000 millones de dólares adicionales al año para ayudar a los países de todo el mundo a financiar inversiones cruciales y unos servicios públicos de alta calidad.

Migración y asilo: acuerdo para mayor solidaridad y reparto de responsabilidad

Migración y asilo: acuerdo para mayor solidaridad y reparto de responsabilidad

Pacto de Migración y Asilo en la UE

Migración y asilo: acuerdo para mayor solidaridad y reparto de responsabilidad

El miércoles, los eurodiputados y los Gobiernos nacionales alcanzaron un acuerdo para reformar la legislación europea sobre migración y asilo.

Los negociadores del Parlamento y el Consejo acordaron la formulación de cinco reglamentos distintos, que establecen cómo compartir la gestión de los flujos de migración y asilo entre los Estados miembros y qué hacer en caso de crisis migratoria repentina. Las normas también regularán cómo gestionar la llegada de personas a las fronteras exteriores de la UE, la tramitación de las solicitudes de asilo y la identificación de los que llegan.

Tras el acuerdo, la presidenta del PE Roberta Metsola ha dicho: «Hoy es un día histórico, ya que acordamos el Pacto de Migración y Asilo, posiblemente el paquete legislativo más importante de este mandato.

Europa dispondrá ahora de un marco legislativo sólido que será el mismo en todos los Estados miembros. Una normativa que funcione y proteja, con un enfoque humano y justo para aquellos que buscan protección, firme con aquellos que no cumplen los requisitos y contundente con los que explotan a los más vulnerables.

La migración fue la primera preocupación para los ciudadanos de la UE en las elecciones de 2019. Llegar a un acuerdo sobre este paquete antes de fin de año es un gran éxito para los grupos políticos proeuropeos del centro del espectro antes del comienzo de un año electoral en Europa».

El nuevo reglamento de gestión del asilo y la migración establece la solidaridad obligatoria para los países de la UE reconocidos bajo presión migratoria, permitiendo a otros Estados miembros elegir entre reubicar a los solicitantes de asilo en su territorio o realizar contribuciones financieras. El texto también determina nuevos criterios según los cuales un Estado miembro es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional (antiguas normas de Dublín). 

Para responder a los aumentos repentinos de llegadas, el reglamento de situaciones de crisis y fuerza mayor establece un mecanismo para garantizar la solidaridad y medidas de apoyo a los Estados miembros que afronten una afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo. Las normas también cubren la instrumentalización de los migrantes, es decir, cuando éstos son utilizados por terceros países o agentes no estatales hostiles para desestabilizar la UE, y prevén una posible excepción temporal a los procedimientos de asilo estándar. 

En virtud del nuevo Reglamento de control y procesamiento de datos de los migrantes, las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE serán sometidas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá la identificación, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad, durante un máximo de siete días. Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los niños y cada Estado miembro dispondrá de un mecanismo de control independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. 

Por su parte, el Reglamento sobre procedimientos de asilo establece un procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional, en sustitución de varios procedimientos nacionales. La tramitación de las solicitudes de asilo será más rápida –máximo de seis meses para una primera decisión-, con plazos más breves para las solicitudes manifiestamente infundadas o inadmisibles y en las fronteras de la UE. 

Por último, la reforma de Eurodac pretende identificar mejor a quienes llegan a territorio de la UE, añadiendo imágenes faciales a las huellas dactilares, incluidos los niños a partir de seis años. Las autoridades podrán registrar si alguien puede representar una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va ilegalmente armada. 

 

Próximos pasos

El acuerdo provisional debe ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda convertirse en ley. Los colegisladores se comprometieron a aprobar la reforma de las normas de migración y asilo de la UE antes de las elecciones europeas de 2024.

La UE y Kenia firman un gran Acuerdo de Asociación Económica

La UE y Kenia firman un gran Acuerdo de Asociación Económica

Economía

La UE y Kenia firman un gran Acuerdo de Asociación Económica

La UE y Kenia han firmado un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) para impulsar el comercio bilateral de mercancías, aumentar los flujos de inversión y contribuir a un crecimiento económico sostenible.

Este Acuerdo proporciona una plataforma para contribuir a la creación de empleo en ambas partes, junto con una cooperación específica destinada a mejorar el desarrollo económico de Kenia. Además, es el acuerdo comercial más amplio que ha firmado hasta ahora la UE con un país en desarrollo en lo referente a las disposiciones en el terreno de la sostenibilidad, como la protección del clima y el medio ambiente, los derechos laborales y la igualdad de género.

La firma tuvo lugar durante una ceremonia oficial celebrada en Nairobi, que contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Kenia, William Samoei Ruto.

La UE es el primer destino de exportación de Kenia y su segundo mayor socio comercial, con un total de 3 300 millones de euros de intercambio comercial en 2022, lo que supone un aumento del 27 % en comparación con 2018. El Acuerdo ofrecerá aún más oportunidades a las empresas y los exportadores kenianos, ya que abrirá plenamente el mercado de la UE para los productos kenianos una vez que entre en vigor. También incentivará la inversión de la UE en Kenia gracias a una mayor seguridad jurídica y una mayor estabilidad.

Kenia ha desempeñado un papel pionero en los esfuerzos de sostenibilidad en el continente africano y es un aliado fiable en la lucha contra el cambio climático. Este país lidera, junto con la UE y otros socios, la Coalición de Ministros de Comercio sobre el Clima, una iniciativa que se puso en marcha a principios de este año. El Acuerdo entre la UE y Kenia se basa en este historial tan sólido, y es el primer acuerdo con un país en desarrollo en el que se refleja el nuevo enfoque de la UE respecto al comercio y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, se trata de un acuerdo equilibrado, que tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de Kenia y le concede un período más largo para la apertura gradual de su mercado. También incluye una salvaguardia especial en relación con la agricultura, la seguridad alimentaria y la industria incipiente. Se ha añadido un capítulo específico sobre cooperación económica y para el desarrollo, destinado a mejorar la competitividad de la economía keniana. Junto con la ayuda al desarrollo de la UE, este capítulo contribuirá a la mejora de capacidades y facilitará la aplicación del Acuerdo, al tiempo que ayudará a los agricultores locales a cumplir las normas de la UE y a aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo.

El Acuerdo es acorde con el compromiso de la Comisión de intensificar su implicación con los socios y las regiones de África. Se trata de contribuir a reforzar los vínculos comerciales y de inversión sostenibles entre ambos continentes y dentro de África, de manera que se cumplan los objetivos clave de la relación UE-África y se materialice la transición ecológica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Kenia es un socio fundamental para la Unión Europea en África. El nuevo Acuerdo de Asociación Económica impulsará aún más el comercio bilateral, respaldará las inversiones y contribuirá a la creación de empleos de calidad en Kenia. Este Acuerdo también contribuirá a un crecimiento económico sostenible y justo, ya que ofrecerá nuevas oportunidades a las empresas, en beneficio de nuestros ciudadanos europeos y africanos. El Acuerdo incluye unos compromisos sociales y climáticos más contundentes que cualquier otro acuerdo comercial de la UE con un país africano».

Próximos pasos

El Acuerdo se remitirá al Parlamento Europeo para su aprobación y entrará posteriormente en vigor. 

Antecedentes

El Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Kenia tiene por objeto aplicar las disposiciones del AAE entre la UE y la Comunidad del África Oriental (CAO) y estará abierto a la adhesión de otros países de la CAO en el futuro.

El AAE y los compromisos ambiciosos que conlleva representan un resultado crucial de la agenda comercial actual de la UE, especialmente por lo que se refiere a potenciar las relaciones comerciales con África, de manera que ayuda a la Unión Europea a profundizar y ampliar sus acuerdos comerciales actuales con los países africanos y a mejorar sus objetivos de sostenibilidad.

 

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La población europea sigue apoyando firmemente a Ucrania, según el Eurobarómetro

La población europea sigue apoyando firmemente a Ucrania, según el Eurobarómetro

Guerra de Rusia contra Ucrania

La población europea sigue apoyando firmemente a Ucrania, según el Eurobarómetro

El apoyo a diversas medidas adoptadas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania sigue siendo muy elevado.

Casi nueve de cada diez respuestas (89 %) están de acuerdo en prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por la guerra y más de ocho de cada diez (84 %), en acoger en la UE a personas que huyen de la guerra. El 72 % están de acuerdo en brindar apoyo financiero a Ucrania. La misma proporción (72 %) apoya las sanciones económicas contra el Gobierno, las empresas y los particulares rusos. Alrededor de seis de cada diez aprueban que la UE conceda el estatuto de país candidato a Ucrania (61 %) y que la UE financie la compra y el suministro de equipo militar a Ucrania (60 %).

La mayoría de quienes respondieron a la encuesta muestran satisfacción por la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania (57 %). El 54 % opina lo mismo sobre la respuesta de su gobierno nacional.

Una UE más fuerte y más independiente

Ante la guerra de agresión rusa contra Ucrania, más de ocho de cada diez respuestas están de acuerdo en que la UE debe invertir masivamente en energías renovables (83 %) y reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas lo antes posible (81 %).

Más de dos tercios de las personas de la UE (69 %) están a favor de una política exterior común de los Estados miembros y se muestran de acuerdo en que la UE dispone de competencias y herramientas suficientes para defender los intereses económicos de Europa en la economía mundial.

Más de tres cuartas partes (77 %) están a favor de una política de defensa y seguridad común de los Estados miembros de la UE. Esta opinión la comparten más de seis personas de cada diez de cada Estado miembro.

Casi siete de cada diez respuestas (69 %) están a favor de una política europea común en materia de migración, mientras que el 68 % apoya un sistema común europeo de asilo. Al mismo tiempo, tres cuartas partes (75 %) están a favor de un refuerzo de las fronteras exteriores de la UE con más guardias de fronteras y guardacostas europeos.

La guerra en Ucrania y la inmigración son las principales preocupaciones para la UE

El 28 % de las personas creen que la inmigración, por una parte, y la guerra en Ucrania, por otra, se encuentran entre los dos problemas más importantes a los que se enfrenta la UE. A continuación aparece la situación internacional (24 %), seguida del «aumento de los precios / la inflación / el coste de la vida» (20 %, el cuarto puesto, mientras que la primavera pasada fue la mayor preocupación).

 

En Europa se considera que la UE es un lugar de estabilidad en un mundo turbulento

Percepción positiva de la UE

La 100.ª encuesta del Eurobarómetro estándar publicada hoy muestra que siete personas de cada diez de la UE (70 %) están convencidas de que la Unión Europea es un lugar de estabilidad en un mundo turbulento. Esta es la opinión de la mayoría de quienes respondieron en todos los Estados miembros. Además, más de seis personas de cada diez (61 %) se sienten optimistas sobre el futuro de la UE.

 

Contexto

100.ª edición del Eurobarómetro estándar

El Eurobarómetro, creado como herramienta que permite conocer cómo piensa la población, es clave para comprender mejor la evolución de la opinión pública en Europa. El Eurobarómetro estándar, actualmente en su 100.ª edición, es un estudio transnacional realizado dos veces al año mediante entrevistas presenciales, concebido para evaluar y comparar las tendencias de la opinión pública en los Estados miembros de la UE.

El Eurobarómetro estándar n.º 100 (otoño de 2023) se llevó a cabo entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2023 en los veintisiete Estados miembros de la UE. Se entrevistó de forma presencial a 26 471 personas de la UE.

La Comisión reclama una Europa unida contra el odio

La Comisión reclama una Europa unida contra el odio

Lucha contra el odio

La Comisión reclama una Europa unida contra el odio

La Comisión y el Alto Representante han adoptado una Comunicación titulada «Sin sitio para el odio: una Europa unida contra el odio». Se trata de un llamamiento a todos los europeos para que se opongan al odio y se pronuncien en favor de la tolerancia y el respeto.

En las últimas semanas hemos visto situaciones en Europa que esperábamos nunca veríamos de nuevo. Europa está experimentando un aumento alarmante de la incitación al odio y de los delitos de odio que afecta, de manera especial, a las comunidades judía y musulmana.

Mediante la Comunicación, la Comisión y el Alto Representante intensifican sus esfuerzos por luchar contra el odio en todas sus formas, reforzando las medidas en diversos ámbitos, tales como los de la seguridad, el entorno digital, la educación, la cultura y el deporte. Se contempla destinar más financiación para proteger los lugares de culto y, en paralelo, se designarán enviados con el mandato expreso de sacar el máximo partido a las políticas de la UE para combatir el odio. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado lo siguiente: «Europa es un lugar en el que se rinde homenaje a diversas identidades culturales y religiosas. El respeto y la tolerancia son los valores fundacionales de nuestras sociedades. Por lo tanto, debemos luchar contra el antisemitismo y el odio antimusulmán cada vez que se produzca. La dignidad y la seguridad de todas y cada una de las personas de nuestra Unión son primordiales».

El alto representante y vicepresidente, Josep Borrell, ha afirmado: «Trágicamente, la historia se repite. Los conflictos y la desinformación a escala mundial están sembrando las semillas del odio. Todas las personas deben ser protegidas y respetadas, independientemente de su religión o convicciones, nacionalidad, género, raza o cualquier otro pretexto utilizado indebidamente para incitar a la discriminación, el odio o la violencia. A medida que se acerca el 75.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no podemos cometer los errores del pasado. Insto a la comunidad internacional a unirnos en la defensa de los derechos humanos para todos, en todas partes, y a luchar contra la intolerancia y los prejuicios».

Protección de la población y de los lugares

La protección de las personas y de los lugares públicos es una prioridad. La Comisión presentará en 2023 la convocatoria de propuestas prevista en el marco del Fondo de Seguridad Interior, inicialmente proyectada para 2024, haciendo especial hincapié en los lugares de culto judíos y con un presupuesto superior. El programa PROTECT se reforzará en 2024 con financiación adicional para la protección de los lugares públicos y de culto de todas las confesiones, incluido un incremento por valor de 5 millones de euros para hacer frente a las amenazas que plantea el creciente antisemitismo.

Para ofrecer protección frente a las amenazas en línea, la Comisión ultimará un código de conducta reforzado de lucha contra la incitación ilegal al odio en línea antes de febrero de 2024 sobre la base de las nuevas obligaciones horizontales para las plataformas en línea establecidas en la Ley de Servicios Digitales. También intensificará su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, los expertos, los alertadores fiables y las autoridades públicas para detectar la incitación al odio en línea.

Involucrar a la sociedad en su conjunto

Los coordinadores de la Comisión en materia de lucha contra el racismo, lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía y de lucha contra el odio antimusulmán han desempeñado en el pasado un papel importante en la participación de las comunidades y los ciudadanos. Este trabajo se reforzará ahora y los coordinadores se convertirán en enviados, que tendrán el mandato concreto de intensificar la coordinación, por ejemplo, a través de proyectos específicos financiados por la UE, y de aprovechar al máximo el potencial de las medidas de la UE para combatir el odio, tanto en línea como fuera de línea.

El conocimiento y la concienciación son fundamentales para el respeto mutuo y la tolerancia. Los vectores más potentes de estos valores forman parte de la vida cotidiana: los medios de comunicación, la educación, la cultura y el deporte. A tal fin, la Comisión apoyará la formación de periodistas sobre el respeto de las normas de los medios de comunicación y el reconocimiento de la incitación al odio, e impulsará proyectos destinados a promover la inclusión y la diversidad en la educación, la cultura y el deporte.

La Unión Europea también intensificará su apoyo a los verificadores de datos, dentro de la UE y en el mundo araboparlante.

La lucha contra el odio es motivo de preocupación a escala mundial y la cooperación internacional es una necesidad. Trabajar en estrecha colaboración con los responsables de promover los derechos a nivel mundial, regional y nacional refuerza la credibilidad y la eficacia de la acción de la UE dentro y fuera de la Unión: la Comisión y el Alto Representante reforzarán sus contactos y sus redes a todos los niveles, mediante el trabajo diplomático, medidas concretas y la colaboración con organizaciones externas. 

Próximas etapas

A principios de 2024, la Comisión organizará una conferencia de alto nivel contra el odio con participantes de alto nivel dedicados a la lucha contra el odio y la discriminación. A esta sucederán diálogos europeos para la reconciliación, que reunirán a ciudadanos de toda la UE, especialmente jóvenes, con responsables políticos, expertos y miembros de las comunidades más afectadas. Este proceso culminará en recomendaciones sobre cómo tender puentes entre comunidades fracturadas y hacer realidad el lema de la UE de vivir «Unidos en la diversidad».

Antecedentes

Los delitos motivados por el odio y la incitación al odio van en contra de los valores fundamentales europeos de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, consagrados en el artículo 2 del Tratado.

A lo largo de los últimos años, la Comisión ha trabajado en un conjunto de leyes e iniciativas para promover y proteger nuestros valores comunes y nuestros derechos fundamentales. El instrumento legislativo principal es la Decisión marco de 2008 sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia, que garantiza que las manifestaciones graves de racismo y xenofobia se castiguen con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Proteger a las democracias europeas frente a las amenazas y los efectos nocivos de la desinformación y la manipulación de la información y la injerencia, también por parte de agentes extranjeros, se ha convertido en una prioridad estratégica para la UE. En el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea (PADE), la Comisión y el alto representante han desarrollado una serie de medidas para luchar contra la desinformación.

Mediante la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y el código de conducta reforzado sobre la lucha contra la incitación ilegal al odio, se adoptarán nuevas medidas firmes para velar por que lo que es ilegal fuera de línea también se trate como tal en línea. La Ley de Servicios Digitales establece obligaciones estrictas para que las plataformas en línea contrarresten los contenidos ilícitos. Será aplicable a todas las plataformas desde el 17 de febrero de 2024, aunque ya se aplica a diecinueve plataformas en línea y motores de búsqueda de muy gran tamaño designados. En virtud de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión había enviado a mediados de octubre una solicitud formal de información a X, META y TikTok sobre la supuesta difusión de contenidos ilícitos y desinformación, y en particular sobre la difusión de contenidos terroristas y violentos e incitación al odio.

Para reforzar este marco, la Comisión propuso en diciembre de 2021 ampliar la lista actual de «delitos de la UE» establecida en los Tratados a la incitación al odio y los delitos motivados por el odio. El reciente brote de odio pone de relieve la necesidad de adoptar rápidamente una decisión unánime del Consejo para proteger nuestros valores comunes de la UE.

La Comisión ya ha llevado a cabo la mayoría de las acciones en el marco de su primera Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025), a fin de velar por que todas las víctimas de la UE puedan invocar plenamente los derechos que les confiere el Derecho de la UE. El 12 de julio de 2023, la Comisión adoptó la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva de 2012 sobre los derechos de las víctimas, el principal instrumento horizontal en la materia. La propuesta tiene por objeto seguir consolidando los derechos de todas las víctimas de delitos en la UE, incluidos los de las víctimas más vulnerables. En octubre de 2023, el Consejo ultimó la primera lectura de la propuesta.

La Comunicación sobre una Europa unida contra el odio es también una continuación del Plan de Acción de la UE contra el racismo 2020-2025, la Estrategia de la UE de Lucha contra el Antisemitismo y Apoyo a la Vida Judía, la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ, la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 y el Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos 2020-2030.

 

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La UE lidera la iniciativa mundial en la COP28

La UE lidera la iniciativa mundial en la COP28

Cumbre del Clima 2023

La UE lidera la iniciativa mundial en la COP28

En la Cumbre Mundial de Acción por el Clima celebrada en Dubai, la presidenta Ursula von der Leyen puso en marcha el Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética junto con la Presidencia de la COP28 y 118 países.

Esta iniciativa, propuesta por primera vez por la Presidenta de la Comisión en el Foro de las Principales Economías de abril, establece objetivos globales para triplicar la capacidad instalada de energía renovable hasta alcanzar al menos 11 teravatios (TW) y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética mundial, pasando de aproximadamente el 2 % a una cifra anual del 4 %, de aquí a 2030. La consecución de estos objetivos apoyará la transición hacia un sistema energético descarbonizado y ayudará a eliminar gradualmente los combustibles fósiles no reducidos.

A este respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Con este Compromiso Mundial, hemos construido una coalición amplia y fuerte de países comprometidos con la transición hacia una energía limpia: grandes y pequeños, norte y sur, grandes emisores, países en desarrollo y pequeños Estados insulares. Estamos unidos por nuestra convicción común de que, para respetar el objetivo de los 1.5°C del Acuerdo de París, tenemos que eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Lo hacemos acelerando la transición hacia una energía limpia, triplicando las energías renovables y duplicando la eficiencia energética. En los próximos dos años, invertiremos 2 300 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE para apoyar la transición energética en nuestra vecindad y en todo el mundo. Este compromiso, junto al apoyo financiero, creará puestos de trabajo ecológicos y crecimiento sostenible mediante la inversión en tecnologías del futuro. Y, por supuesto, reducirá las emisiones, que constituyen el núcleo de nuestro trabajo en la COP28».

El Compromiso Mundial ha sido desarrollado en estrecha cooperación entre la Comisión Europea y la Presidencia de la COP28, con el apoyo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Este Compromiso, adoptado durante los primeros días de la COP28, debería contribuir a impulsar el logro del resultado negociado más ambicioso posible a finales de la conferencia de este año. La UE pide que se adopten medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en todos los sistemas energéticos a escala mundial, en particular el carbón, y abogará por una formulación que lo refleje en la Decisión final de la COP.

Contribución financiera de la UE al compromiso

Para apoyar la ejecución del Compromiso Mundial, la presidenta von der Leyen ha anunciado que, en los próximos dos años, invertiremos 2 300 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE en apoyo de la transición energética en nuestra vecindad y en todo el mundo. La UE también se basará en su programa emblemático Global Gateway para seguir apoyando la transición hacia una energía limpia. La Comisión invita a otros países donantes a seguir este camino y a acelerar la aplicación del Compromiso Mundial.

Próximas etapas

El Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética será una herramienta clave para que la comunidad internacional mida los avances y mantenga el rumbo en la consecución de los objetivos de París en materia de temperatura. Con el apoyo de la AIE y la IRENA se publicará cada año, antes de la COP, una revisión anual de la evolución mundial que contribuya a la consecución de los objetivos globales de 11 TW y del 4 % de las mejoras anuales de eficiencia energética. La Comisión colaborará estrechamente con instituciones financieras europeas como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para cumplir sus compromisos financieros asociados a la iniciativa.

Antecedentes

La iniciativa para establecer objetivos mundiales en materia de energías renovables y eficiencia energética fue anunciada por primera vez por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el Foro de las Principales Economías, el 20 de abril de 2023. Como parte del Pacto Verde Europeo, la UE ha aumentado recientemente sus objetivos nacionales para el despliegue de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, liderando a escala mundial la transición hacia una energía limpia. De aquí a 2030, la UE alcanzará un mínimo del 42,5 % de energías renovables en su combinación energética, y aspira a alcanzar el 45 %. También en esta década, la UE se ha comprometido a mejorar la eficiencia energética en un 11,7 %. En junio de 2023, la presidenta von der Leyen y el presidente de la COP28, el Dr. Sultan Al-Jaber, se reunieron en Bruselas y decidieron colaborar en varias iniciativas conjuntas para impulsar una transición energética justa a escala mundial, incluido el Compromiso Mundial sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética.

 

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San Cristóbal de La Laguna recibe el Premio Ciudad Accesible de la UE 2024

San Cristóbal de La Laguna recibe el Premio Ciudad Accesible de la UE 2024

Premio Ciudad Accesible

San Cristóbal de La Laguna recibe el Premio Ciudad Accesible de la UE 2024

La ciudad española de San Cristóbal de La Laguna ha ganado el Premio Ciudad Accesible 2024 por su dedicación a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El municipio ha dado prioridad a la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios urbanos, los sistemas de transporte y las actividades sociales. Por ejemplo, todos los vehículos y todas las estaciones de la red de tranvía de la ciudad son plenamente accesibles, y el centro de la ciudad cuenta con semáforos acústicos y pavimento podotáctil para guiar a las personas con discapacidad visual.

La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha concedido el premio en la conferencia anual del Día Europeo de las Personas con Discapacidad. La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, presentó la mención especial otorgada a la ciudad de Tübingen (Alemania) por su desarrollo urbano accesible y su adaptación a la Nueva Bauhaus Europea, reconociendo su compromiso de hacer que las infraestructuras de transporte sean sostenibles, hermosas e inclusivas en el desarrollo de su nueva estación central de autobuses.

En 2021, San Cristóbal de La Laguna puso en marcha el Punto Naranja, una instalación móvil dotada con recursos para ayudar a organizar eventos inclusivos y accesibles. El Punto Naranja ofrece intérpretes de lengua de signos, sistemas para eliminar el ruido y personal formado, así como materiales de fácil lectura. El compromiso de la ciudad con la accesibilidad también se ve reflejado en otras iniciativas, como un Consejo de la Discapacidad y un Defensor del Pueblo para las personas con discapacidad. El Consejo de la Discapacidad involucra directamente a las personas con discapacidad en la toma de decisiones, mientras que el Defensor del Pueblo proporciona asesoramiento independiente al Ayuntamiento de la ciudad, coordinando y promoviendo sus iniciativas de accesibilidad.

La ciudad de Łódź (Polonia) ocupó el segundo puesto por establecer directrices globales para garantizar la aplicación de normas de accesibilidad a todas las inversiones municipales, y la ciudad de Saint-Quentin (Francia) quedó en tercer puesto por mejorar la accesibilidad de la red de transporte público. El condado de Dublín Sur (Irlanda) también recibió una mención especial por las zonas paisajísticas y de parques infantiles, en reconocimiento de su compromiso con las zonas de juego accesibles.

Antecedentes

Los espacios accesibles, tanto físicos como digitales, constituyen un primer paso crucial hacia la consecución de la igualdad. Alrededor de 87 millones de personas en la UE sufren alguna discapacidad. Las personas con discapacidad no podrán tomar decisiones y hacerse con el control de sus vidas hasta que puedan acceder al transporte, las tiendas, los parques o los sitios web. Desde 2010, el Premio Ciudad Accesible recompensa a las ciudades que hacen de la accesibilidad su prioridad. El premio también forma parte de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 para construir una Europa sin barreras. El Premio Ciudad Accesible se presentó en la conferencia anual del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, organizada conjuntamente con el Foro Europeo de la Discapacidad. En la edición de este año, expertos nacionales preseleccionaron 21 de las 32 ciudades que habían presentado su candidatura, y, a continuación, un jurado de la UE seleccionó a las cinco finalistas.

Ciudades ganadoras en ediciones anteriores: Skellefteå (Suecia) en 2023; Ciudad de Luxemburgo (Luxemburgo) en 2022; Jönköping (Suecia) en 2021; Varsovia (Polonia) en 2020; Breda (Países Bajos) en 2019; Lyon (Francia) en 2018; Chester (Reino Unido) en 2017; Milán (Italia) en 2016; Boras (Suecia) en 2015; Gotemburgo (Suecia) en 2014; Berlín (Alemania) en 2013; Salzburgo (Austria) en 2012, y Ávila (España) en 2011.

 

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Nuevo régimen de ayudas estatales: 1 100 millones de euros para la transición energética de España

Nuevo régimen de ayudas estatales: 1 100 millones de euros para la transición energética de España

Plan Industrial del Pacto Verde

Nuevo régimen de ayudas estatales: 1 100 millones de euros para la transición energética de España

La Comisión Europea ha aprobado un régimen español por valor de 1 100 millones de euros a fin de sostener las inversiones en la producción de los equipos necesarios para fomentar la transición hacia una economía de cero emisiones netas, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde.

El régimen se ha aprobado con cargo al marco temporal de crisis y transición relativo a las ayudas estatales, adoptado por la Comisión el 9 de marzo de 2023 y modificado el 20 de noviembre de 2023, para sostener medidas en sectores que son fundamentales para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles.  

Las ayudas españolas

España notificó a la Comisión, en virtud del marco temporal de crisis y transición, un régimen por valor de 1 100 millones de euros a fin de sostener las inversiones en la producción de los equipos pertinentes necesarios para fomentar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.  

En el marco de este régimen, que se financiará parcialmente con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas.

Las ayudas se concederán a las empresas que produzcan los equipos pertinentes, sobre todo baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor y electrolizadores, así como componentes clave diseñados y utilizados principalmente como insumos directos para la producción de dichos equipos o de las materias primas fundamentales conexas necesarias para su producción.

La Comisión considera que este régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en el marco temporal de crisis y transición. En concreto, las ayudas i) incentivarán la producción de los equipos pertinentes para la transición hacia una economía de cero emisiones netas; y ii) se concederán a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes desde el punto de vista de la ejecución del Plan Industrial del Pacto Verde, en consonancia con el artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE y las condiciones establecidas en el marco temporal de crisis y transición.

Sobre esta base, la Comisión ha aprobado este régimen de ayudas con arreglo a las normas correspondientes de la UE.

Contexto

La Comisión aprobó otras ayudas a la aceleración de las inversiones en sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones netas el 9 de octubre de 2023 (SA.108953), el 28 de julio de 2023 (SA.107689), el 19 de julio de 2023 (SA.108068) y el 26 de mayo 2023 (SA.107094).

La Comisión Europea adoptó el 9 de marzo de 2023 un nuevo marco temporal de crisis y transición para fomentar medidas de apoyo en sectores clave para la transición hacia una economía de cero emisiones netas, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde. El nuevo marco modifica y prolonga en parte el marco temporal de crisis, adoptado el 23 de marzo de 2022 para que los Estados miembros pudieran aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales a fin de sustentar la economía en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

El Marco Temporal de Crisis y Transición se modificó el 20 de noviembre de 2023 para prorrogar seis meses un número limitado de secciones destinadas a dar una respuesta a la crisis tras la agresión de Rusia contra Ucrania y la subida sin precedentes de los precios de la energía. 

El marco temporal de crisis y transición, en su versión modificada, prevé la posibilidad de que los Estados miembros concedan los tipos de ayudas siguientes:

  • Importes limitados de ayuda (sección 2.1.), en cualquier forma y hasta el 30 de junio de 2024, para las empresas afectadas por la crisis actual o por las consiguientes sanciones y contrasanciones hasta el importe incrementado de 280 000 euros y 335 000 euros en los sectores de la agricultura y de la pesca y acuicultura, respectivamente, y de hasta 2,25 millones de euros en los demás sectores.

  • Apoyo a la liquidez en forma de garantías estatales y préstamos bonificados (secciones 2.2. y 2.3).  En casos excepcionales y con sujeción a estrictas salvaguardias, los Estados miembros podrán proporcionar a los servicios públicos de suministro de energía para sus actividades de negociación garantías públicas que superen el 90 % de la cobertura, cuando se ofrezcan como garantía financiera sin financiación a entidades de contrapartida central o miembros compensadores. Estas secciones solo son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2023 y no han sido modificadas.

  • Ayudas para compensar los elevados precios de la energía (sección 2.4). Las ayudas, que podrán concederse en cualquier forma, en principio hasta junio de 2024, compensarán parcialmente a las empresas, y en particular a las grandes consumidoras de energía, por los costes adicionales derivados de las subidas excepcionales de los precios del gas y de la electricidad. Las ayudas concretas podrán calcularse basándose en el consumo pasado o en el consumo actual, teniendo en cuenta la necesidad de mantener intactos los incentivos de mercado para la reducción del consumo de energía y de garantizar la continuidad de las actividades económicas. Además, los Estados miembros podrán prestar apoyo de forma flexible, también a los sectores de gran consumo de energía especialmente afectados, con sujeción a salvaguardias para evitar una compensación excesiva e incentivar la reducción de la huella de carbono en caso de importes de ayuda superiores a 50 millones de euros. También se invita a los Estados miembros a estudiar, de manera no discriminatoria, el establecimiento de requisitos relacionados con la protección del medio ambiente o la seguridad del suministro.

  • Medidas para acelerar la implantación de energías renovables (sección 2.5). Los Estados miembros pueden establecer sistemas de inversión en energías renovables, por ejemplo, hidrógeno renovable, biogás y biometano, almacenamiento y calor renovable, incluso por bombas de calor, con procedimientos de licitación simplificados que puedan aplicarse rápidamente, al tiempo que se contemplan salvaguardias suficientes para preservar la igualdad de condiciones. En particular, los Estados miembros pueden planear regímenes para una tecnología concreta que requieran apoyo habida cuenta de su combinación energética nacional específica. Se han simplificado las condiciones para la concesión de ayudas a pequeños proyectos y tecnologías menos maduras, tales como el hidrógeno renovable, eliminando la necesidad de llevar a cabo una licitación pública, siempre que existan determinadas salvaguardias. En virtud de estos regímenes, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025. Tras esa fecha, seguirán aplicándose las normas habituales sobre ayudas estatales, incluidas concretamente las disposiciones correspondientes de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía.

  • Medidas que faciliten la descarbonización de los procesos industriales (sección 2.6). Para acelerar aún más la diversificación del suministro de energía, los Estados miembros podrán sostener inversiones destinadas a una eliminación gradual de los combustibles fósiles, en particular a través de la electrificación, la eficiencia energética y la transición al uso de hidrógeno renovable y basado en la electricidad que cumpla determinadas condiciones, con posibilidades más amplias de apoyo a la descarbonización de los procesos industriales mediante la adopción de combustibles derivados del hidrógeno. Los Estados miembros podrán i) establecer nuevos regímenes basados en licitaciones, o ii) brindar un apoyo directo a los proyectos, sin recurrir a la licitación pero respetando ciertos límites en cuanto al porcentaje de ayuda pública por inversión. Se prevén primas complementarias específicas para las pequeñas y medianas empresas, así como para las soluciones especialmente eficientes desde el punto de vista energético. A falta de licitaciones, se ha introducido un método más sencillo para determinar el nivel máximo de ayuda. En virtud de estos regímenes, las ayudas pueden concederse hasta el 31 de diciembre de 2025. Tras esa fecha, seguirán aplicándose las normas habituales sobre ayudas estatales, incluidas concretamente las disposiciones correspondientes de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía. 

  • Medidas destinadas a sostener la reducción de la demanda de electricidad (sección 2.7), en consonancia con el Reglamento de la UE relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, hasta el 31 de diciembre de 2023.

  • Medidas para seguir acelerando las inversiones en sectores clave para la transición hacia una economía de cero emisiones netas (sección 2.8), que permiten prestar asistencia financiera para la fabricación de equipos estratégicos, sobre todo baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y captura y almacenamiento de carbono, así como para la fabricación de componentes clave y para la producción y el reciclado de las materias primas fundamentales conexas. Más concretamente, los Estados miembros podrán formular hasta el 31 de diciembre de 2025 regímenes sencillos y eficaces por los que concedan ayudas limitadas a un determinado porcentaje de los costes de inversión hasta importes nominales específicos, en función de la ubicación de la inversión y del tamaño del beneficiario, con un mayor apoyo posible para las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como para las empresas situadas en regiones desfavorecidas, a fin de velar por que se tengan debidamente en cuenta los objetivos de cohesión. Además, en casos excepcionales, los Estados miembros tendrán la posibilidad de conceder ayudas más cuantiosas a empresas concretas cuando exista un riesgo real de que las inversiones se puedan desviar de Europa debido a subvenciones de terceros países.

Las entidades rusas, bielorrusas e iraníes sancionadas por sus acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania quedan excluidas del ámbito de aplicación de estas medidas.

El marco temporal de crisis complementa las amplias posibilidades de que disponen los Estados miembros para planear medidas en consonancia con las normas sobre ayudas estatales vigentes en la UE. Por ejemplo, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten a los Estados miembros prestar apoyo a las empresas que tengan problemas de liquidez y necesiten una ayuda de salvamento urgente. Además, el artículo 107, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite a los Estados miembros indemnizar a las empresas por los daños causados directamente por un acontecimiento de carácter excepcional, como los provocados por la crisis actual.

La versión no confidencial de la decisión correspondiente se publicará con el número SA.108653 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de competencia de la Comisión, una vez que se hayan resuelto los posibles problemas de confidencialidad. La lista de las nuevas publicaciones de decisiones sobre ayudas estatales en internet y en el Diario Oficial figura en las noticias semanales en línea sobre competencia.

 

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La Comisión concluye la revisión de la ayuda de la UE a Palestina

La Comisión concluye la revisión de la ayuda de la UE a Palestina

Financiación exterior de la UE

La Comisión concluye la revisión de la ayuda de la UE a Palestina

La Comisión ha publicado las conclusiones de su revisión de la actual ayuda financiera de la UE a Palestina, anunciada dos días después del ataque terrorista de Hamás contra Israel perpetrado el 7 de octubre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado lo siguiente: «La UE es el mayor donante internacional de ayuda a los palestinos. Tras los terribles sucesos del 7 de octubre resultaba necesaria una revisión minuciosa de nuestra ayuda financiera. Esta revisión ha confirmado que las salvaguardias existentes son eficaces. Ahora se está trabajando en el diseño de nuestro futuro apoyo a los palestinos, habida cuenta de la situación aún cambiante».

La revisión ha puesto de manifiesto que los controles de la Comisión y las salvaguardias existentes, que se han reforzado considerablemente en los últimos años, funcionan bien y hasta la fecha no se han encontrado pruebas de que el dinero se haya desviado para fines no deseados.

La revisión se dividió en dos fases. En primer lugar, se efectuó un control operativo para evaluar la viabilidad de los proyectos a la luz de la nueva situación sobre el terreno. En esta fase, la revisión definió una lista de proyectos inviables por un importe de 75,6 millones de euros, que se reprogramarán en apoyo de los palestinos a la luz de las nuevas prioridades que se determinen sobre el terreno. Esto afecta principalmente a grandes proyectos de infraestructura, tales como el proyecto Gas para Gaza, la planta desalinizadora de Gaza y los servicios relacionados con el agua, cuya ejecución no es viable en la situación actual.

Dentro de la segunda fase, la Comisión llevó a cabo una evaluación de riesgos, para la que se pidió a todos los socios ejecutantes que facilitaran información sobre los mecanismos de control que aplicaban. En la situación actual, la Comisión ha definido algunas nuevas medidas, tales como la inclusión de cláusulas contractuales pertinentes contra la incitación al odio en todos los nuevos contratos y la garantía del control de su estricto cumplimiento en todo momento. Esto podría llevarse a cabo sobre todo mediante un control de los beneficiarios efectuado por terceros.

Si bien se recaba información complementaria de todos los beneficiarios de subvenciones y organizaciones evaluadas por pilares para estudiar la necesidad de posibles ajustes, la ayuda actual se seguirá prestando en colaboración con las organizaciones que hayan facilitado las aclaraciones solicitadas y garantías sobre las salvaguardias existentes, sobre todo las agencias de los Estados miembros de la UE y las instituciones financieras internacionales. Se pidió a los beneficiarios objeto de acusaciones de incitación al odio y a la violencia tras los sucesos del 7 de octubre de 2023 que presentaran sus observaciones sobre las acusaciones formuladas contra ellos. Esto afecta sobre todo a dos proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Los pagos se tramitarán una vez que se hayan dado explicaciones satisfactorias, con arreglo al Reglamento Financiero.

Contexto

La revisión abarcó toda la cartera de desarrollo, incluidos los programas de apoyo a la población palestina, la Autoridad Palestina, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y los programas pertinentes de otros servicios de la Comisión, como Erasmus+. No se refirió a la ayuda humanitaria al pueblo palestino.

Esta revisión tenía como objetivos, en primer lugar, garantizar que, en las nuevas circunstancias, ninguna financiación de la UE permitiera indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo atentados contra Israel; en segundo lugar, velar por el pleno respeto de la legislación y la política de la Unión, y prevenir el posible abuso de la financiación de la Unión para incitar al odio y la violencia; y, en tercer lugar, evaluar si los programas de ayuda tendrían que ajustarse a la luz de las circunstancias actuales

La revisión se dividió en dos fases: un examen operativo de la viabilidad de los proyectos y una evaluación de riesgos sobre el posible desvío de la ayuda y la incitación al odio y la violencia perpetrados en el marco de la ejecución de los proyectos. El examen de los proyectos se llevó a cabo con arreglo a criterios objetivos en ambas fases. Se consultó a las organizaciones beneficiarias sobre estos aspectos.

La Unión Europea es el mayor donante de ayuda exterior a los palestinos con cargo a la Estrategia conjunta europea 2021-2024, por valor de casi 1 200 millones de euros (a título indicativo), de los cuales ya se han aprobado 691 millones de euros. Esto abarca contribuciones directas a la Autoridad Palestina a través del mecanismo PEGASE, ayudas a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), proyectos a través de instituciones financieras internacionales y contribuciones al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).

 

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